LA RUTA DEL DINERO: Relaciones carnales entre el régimen de Añez, Murillo y López, y el crimen transnacional

LA RUTA DEL DINERO: Relaciones carnales entre el régimen de Añez, Murillo y López, y el crimen transnacional

 

SOY COCHALO - 😱 ¡ESCANDALO! 😱 ¿Quien es Luis Berkman, el ...
Murillo y Berckman

 

 

 

Es el proveedor elegido por Murillo para... - Periódico Cambio ...
B. Berckman

 

 

 

Fuente: primeralinea.info

 

 

 

La compra de material no letal como gases o proyectiles para la Policía Boliviana con sobreprecio y evadiendo impuestos, realizada por el ministerio de defensa a una empresa brasilera, se suma al conjunto de actos de corrupción escandalosos que se están produciendo en Bolivia pero que en este caso agrega un dato alarmante que pone en cuestión la naturaleza del mismo gobierno: la relación oficial entre un gobierno transitorio con empresas extranjeras/intermediarias que operan como fachada de organizaciones mafiosas transnacionales, las mismas que trafican armas en favor de grupos de narcotraficantes cuya órbita de actuación resulta ser el Cono Sur. La empresa intermediaria Bravo Tactical Solutions-LCC, de propiedad de Luis Berkman Littman, es el caso paradigmático de este nuevo episodio que erosiona la legitimidad y credibilidad ya no solo del régimen sino del Estado Plurinacional ante la comunidad internacional. El régimen está tocando fondo con la corrupción que se expresa en una sucesión vergonzosa de fugas precipitadas de funcionarios de confianza de la presidenta transitoria como el presidente de ENTEL, el embajador de ciencia y tecnología y ahora el expresidente de YPFB.

 

 

 

LOS BERKMAN Y SU EMPRESA FACHADA: BRAVO TACTICAL SOLUTIONS LLC

 

 

 

Luis Berkman Littman, copropietario, junto a su hijo Bryan Berkman, de la empresa Bravo Táctical Solutions-LCC (BTS-LCC), proveedor de agentes químicos y municiones no letales al gobierno de Jeanine Añez, Arturo Murillo y Luis Fernando López, es un viejo conocido por las redes criminales del narcotráfico y del crimen transnacional en el Cono Sur. Luis Berkman es un ciudadano boliviano, aunque se desconoce si ostenta la doble nacionalidad junto a la estadounidense. Berkman es hoy nada menos que el oficioso intermediario en la venta de gases antimotines al ministerio de defensa para uso de la policía boliviana por algo más de 5 millones de dólares, esto es, más de 40 millones de bolivianos gastados dudosa y arteramente en un momento en el que millones de ciudadanos no disponen de medicamentos, oxígeno ni respiradores artificiales para su sobrevivencia.

 

 

 

Desde los años 90, junto a socios paraguayos, argentinos y brasileros Luis Berkman Littman se convirtió en un proveedor neto de armas de distinto calibre y procedencia a poderosas redes transnacionales del narcotráfico y delitos conexos. De hecho, Berkman y sus aliados hicieron del tráfico de armas ilícitas el negocio más rentable de las tres últimas décadas proveyendo directa o indirectamente armas e insumos tecnológicos a grupos irregulares violentos e ilegales que las usan para delinquir y terminar con la vida de miles de personas en las agitadas y turbulentas calles de Rio de Janeiro, Asunción, Buenos Aires o Santa Cruz. En el siglo XXI, el negocio de las armas y de las drogas es el negocio de la muerte de generaciones enteras guiadas por la codicia criminal de unos pocos que se nutren de esta tragedia colectiva regional.

 

 

 

En el Cono Sur, esto es, Argentina, Brasil, Paraguay, Chile y Bolivia, el tráfico de armas está relacionada casi inevitablemente con las drogas, el robo de vehículos, la trata de personas, el tráfico de órganos o el blanqueo de activos en un circuito gris que unas veces encubre empresas formales con actividades informales o éstas se encubren en la formalidad de empresas y/o empresarios de apariencia formal. Donde hay drogas hay armas y viceversa, en un círculo canceroso que lejos de ser controlado se ha expandido sustancialmente en los últimos años a pesar del notable incremento en los presupuestos que los estados hacen en las áreas de la defensa y la seguridad.

 

 

 

La década de los 90 y principios de los 2000 sin duda fueron los años de oro para los Berkman, años que coinciden con el ciclo neoliberal que hizo de la represión policial-militar su arma favorita para contener la protesta social y encubrir sus fechorías criollas, cediendo paso a intereses antinacionales en el marco de las políticas de privatización de los bienes públicos. Berkman no solo estuvo involucrado en venta ilegal de armas a grupos de sicarios o narcotraficantes extranjeros sino también operaba oficialmente a dos puntas con los gobiernos de la coalición MNR-ADN-MIR proveyendo equipos antimotines, armas y agentes químicos, unas veces con recursos del Tesoro General de la Nación (TGN) y otras con dinero oscuro de los “gastos reservados”.

 

 

 

Berkman es un actor central del crimen transnacional regional convertido hoy en un pujante y exitoso empresario-intermediario que incomoda al gobierno de Jeanine Añez, Murillo y López a partir de las denuncias por sobreprecio y evasión impositiva en la compra de gases para la Policía Boliviana.

 

 

 

En una insólita operación de compra-venta, intermediada por la empresa BTS-LCC, algunos medios de comunicación, han denunciado no sólo sobreprecios, en comparación con la adquisición del mismo material que hizo Ecuador y Venezuela, en el pago de los agentes químicos sino también el flagrante delito de evasión de impuestos en una típica maniobra de encubrimiento efectuada por el ministerio de defensa, entidad que está exclusivamente facultada para importar armas sin pagar impuestos. En este caso no se trataba de la adquisición de armas de guerra sino de “agentes químicos no letales” que podía efectuar sin ningún problema el propio ministerio de gobierno, como se lo hizo durante las últimas décadas. Inicialmente, el Director General Administrativo del Ministerio de Gobierno, Sergio Zamora B. había enviado una carta invitando a la empresa Cóndor Non Letal Technologies para efectuar la contratación por excepción de los agentes químicos, correspondencia que el 25 de noviembre fue retirada pretextando que dicha operación comercial no podía realizarse de manera directa.

 

 

 

Una vez que el ministerio de gobierno delegara al ministerio de defensa la compra de los agentes químicos, este último procede a los trámites respectivos para la adquisición del material. La denuncia del Programa televisivo Detrás de la Verdad, dirigido por el periodista Junior Arias, señala que Bryan Berkman de BTS-LCC fue acreditado por el ministerio de defensa como intermediario en la compra de agentes químicos a la empresa brasilera Cóndor Non Letal Technologiescuando ésta disponía de un representante en Bolivia con el que se podía hacer la adquisición de manera directa, a un precio tres veces menor y con el respectivo pago de impuestos en beneficio de la economía nacional. Sin embargo, el ministerio de defensa, presuntamente por encargo del ministerio de gobierno, prefirió usar un intermediario para la compra de los agentes químicos triplicando el precio, pero además eludiendo el pago de impuestos en favor de la empresa de Luis Berkman/Bryan Berkman, BTS-LCC. En menos de 24 horas se cambió el mecanismo de compra directa por la intermediación otorgada exclusivamente a la empresa BTS-LCC cuyo propietario, Luis Berkman curiosamente resulta ser un íntimo amigo de Rodrigo Méndez Mendizábal, Jefe de Gabinete de Murillo, y Murillo amigo íntimo de Luis Berkman, propietario de la BTS-LCC, como lo reconoció este último en el Programa televisivo de Carlos Valverde.

 

 

 

Murillo-Méndez-Berkman, un triángulo de amistades íntimas, hoy pretende eludir sus responsabilidades en este ruidoso caso que atenta contra la economía nacional pero que además se suma a los escandalosos casos de corrupción que enfrenta el régimen. Consecuentemente, el Estado boliviano no sólo perdió recursos económicos por el sobreprecio de alrededor de 2.5 millones de dólares, sino también por la evasión impositiva que alcanzaría a los 9 o 10 millones de bolivianos, recursos que en lugar de abonar el sistema de salud son apropiados por el empresario o sus testaferros ministeriales.

 

 

 

No se debe perder de vista que el tráfico de influencias realizado alrededor de esta compra irregular no solo alcanza solo a Murillo como jefe directo de la compra, a su jefe de gabinete Rodrigo Méndez M., al director administrativo del ministerio de gobierno Sergio Zambrana Bascopé sino también al ministro de defensa Luis Fernando López, al viceministro de defensa, Gral. Brig. Gerson Peñaloza, director general de logística, Cnl. Córdoba, jefe de material bélico, Cnl. Bleichner y a la directora administrativa, Ruth R. Palomeque Rios. Peñaloza, Córdoba y Palomeque, los actores centrales en el proceso deliberado de compra con intermediario, extrañamente renunciaron o fueron exonerados de sus cargos semanas antes de que estallara el escándalo.

 

 

 

¿La crisis del ministerio de defensa que se expresó en las renuncias de dos viceministros de defensa, la directora administrativa, el director de logística y otros funcionarios militares de baja graduación vinculados con la compra y recepción de los materiales, dicen algo sobre el negociado, los sobreprecios y la evasión fiscal?

 

 

 

¿Será una caprichosa casualidad que el negocio de la venta millonaria de gases haya recaído precisamente en Luis Berkman, amigo íntimo de Murillo y de su jefe de gabinete, Rodrigo Méndez Mendizábal, a quien los unía una entrañable relación como miembros del club de pesca, en la ciudad de Cochabamba? Y, Pedro Rea, el flamante director de logística del ministerio de defensa, que llegó justo en el momento en que se tramitaba la compra, amigo inconfundible de Luis Berkman y del ministro de defensa, es también una insufrible casualidad?

 

 

 

LUIS BERKMAN LITTMAN/CARLOS FEDERICO LEÓN OCAMPO Y SU VÍNCULO CON LA RED DE NARCOTRAFICANTES DEL CONO SUR

 

 

 

El contrato para la adquisición de los agentes químicos que realizó el gobierno de Añez, Murillo y López no se la hizo con una empresa boliviana sino con una empresa norteamericana cuyos propietarios y socios son Luis Berkman L. (padre) y Bryan Berkman (hijo) que está registrada en el Estado de Florida (EEUU) desde el año 2013. Por lo tanto, la BTS-LCC no tiene inscripción legal en Fundaempresa y por lo mismo carece de la garantía comercial y jurídica que se exige para contratos con el Estado de acuerdo al Código de Comercio de Bolivia.

 

 

 

Lejos de investigarse los antecedentes jurídicos, comerciales y de seguridad de la empresa proveedora de gases al ministerio de defensa, Luis Fernando López y su equipo administrativo dispusieron que la operación comercial proceda con la mayor celeridad posible con BTS-LCC. López le otorgó todas las facultades administrativas haciendo responsable directo y exclusivo de dicha operación a Pedro Rea, director general de logística que mantiene un permanente contacto no solo con los Berkman sino también con el equipo de confianza de Murillo.

 

 

 

El problema de fondo en esta relación contractual es el escandaloso vínculo del Estado Plurinacional con un traficante internacional de armas, no solo prófugo de la justicia boliviana por delitos de robo de armas y peculado (2001-2013), sino con un traficante internacional de armas y proveedor de las mismas a grupos criminales transnacionales de Paraguay, Brasil y Argentina.

 

 

 

Convendrá recordar que entre los años 1998-2001, Berkman se había convertido en proveedor monopólico de equipos antimotines, gases, armas y municiones no letales al ministerio de gobierno durante el gobierno ADN-MIR. Aunque no quedó claro a principios de los 2000 si Berkman estaba traficando armas al Ecuador como se denunció en los medios, usando como puente a Bolivia, lo cierto es que se reveló que trabajaba en sociedad con proveedores de los EEUU. Empero, una dudosa operación comercial entre Berkman y Peter Sueldo, yerno de Leopoldo Fernández, a su vez ministro de gobierno, destapó un negociado de sobreprecios en la compra de escopetas por un valor de 1.885.000 dólares cuya fuente de financiamiento provenía de los “gastos reservados”. Esta dudosa transacción efectuada durante el gobierno de Banzer-Tuto Quiroga (1997-2002) nunca fue investigada prolijamente a pesar del compromiso de Carlos Mesa (2002-2005), en su condición de vicepresidente de Sánchez de Lozada y de Lupe Cajías, entonces delegada y mal llamada “zarina” anticorrupción.

 

 

 

Posterior a este episodio de la venta irregular con presuntos sobreprecios al ministerio de gobierno entre el año 2000-2001, Luis Berkman, en su calidad de propietario de la empresa denominada Berkman Sports SRL, se embarcó en una turbulenta aventura delictiva relacionada al robo de armas del Ejército y de la propia Policía que destapó su vínculo con organizaciones criminales del Cono Sur. La Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico (FELCN) con apoyo de la DEA denunciaron a Berkman y a sus cómplices por el robo de 30 fusiles FAL de la armería del Ejército (Santibañez, Cbba), dos ametralladoras punto 50 y 20 fusiles CETME de fabricación española que habían sido sustraídos por instigación de Luis Berkman y Carlos Francisco León Ocampo de los depósitos de la FELCN.

 

 

 

En este episodio se involucraron suboficiales y sargentos del Ejército y un teniente de servicios de la FELCN, pero lo más llamativo es que el grupo de Luis Berkman estaba integrado por Gary Suarez Levy, hijo del más grande narcotraficante de Bolivia, Roberto Suárez y Carlos Francisco León Ocampo, ciudadano paraguayo con antecedentes de tráfico internacional de armas. Bergman, León Ocampo y Suarez Levy fueron procesados como cabecillas de la organización criminal responsable del robo de armas. Desafortunadamente, la chicanería judicial facilitó la fuga de Berkman del país el 2001, entretanto los cómplices de delitos menores fueron procesados y sancionados por el Ejército y la justicia respectivamente.

 

 

 

Conviene subrayar que el vínculo entre Berkman y León Ocampo es el que interesa toda vez que el ciudadano paraguayo operaba para otros traficantes de armas de mayor jerarquía vinculados a redes de narcotraficantes entre Asunción, Buenos Aires, Rio de Janeiro. En efecto, Berkman desde Bolivia, se había convertido en el socio más importante en el tráfico de armas ilícitas con León Ocampo, desde Paraguay, propietario de la empresa denominada ARMOR GOLDIN (2001) que más tarde adoptó la denominación de COMTECPAR S.A. A partir de su relación política con altas autoridades paraguayas León Ocampo, como lo hacía Berkman en Bolivia, proveían armas y equipos a los cuerpos de seguridad paraguayos, pero en realidad su empresa funcionaba simplemente como fachada. De hecho, las armas que Berkman y Ocampo mandaron a robar en Bolivia alimentaban los circuitos del crimen transnacional bajo fachadas empresariales.

 

 

 

León Ocampo, socio paraguayo de Berkman, operaba con Sergio Dennis y Eduardo Alberto Ramírez Cantero, alias “Matungo”. Dennis promovía el tráfico de armas en favor de grupos criminales desde la empresa RSS International S.A. que en realidad funcionaba como una empresa fachada del cártel brasilero Primer Comando Capital (PCC) desde la estratégica ciudad fronteriza paraguaya de Pedro Juan Caballero. De igual manera Ramírez Cantero, maquillado de comerciante, importaba partes de armas desde los EEUU-Alemania-Holanda, que los ensamblaba en Argentina para ingresarlos posteriormente al Paraguay por Buenos Aires, Córdoba, Bahía Blanca y Rosario para luego cerrar el círculo en Brasil.  Como señala un reporte periodístico, a pesar de que Ramírez había sido detenido en una operación policial paraguaya en 2016, nunca dejó de operar desde principios de los 2000 “como uno de los más importantes proveedores de armas para grandes organizaciones criminales”, en complicidad con León Ocampo. De hecho, este último había creado una empresa fantasma para facilitarle el negocio de las armas a Ramírez Cantero que las trasladaba de Argentina al Paraguay.

 

 

 

Esta organización transnacional constituida por León Ocampo-Ramírez Cantero y socios argentinos y brasileros, vinculada al tráfico de armas y al narcotráfico operaba, con arsenales ciertamente significativos como fusiles Ak-47, carabinas M-1, M-2, pistolas colt M4 y FAL. La operación policial argentina, realizada en noviembre del 2018 denominada “Arsenal Clandestino”, había logrado decomisar más de 600 armas que debían ingresar al Brasil. De acuerdo a la prensa argentina, la operación “Arsenal Clandestino”, permitió desarticular una organización criminal transnacional que contrabandeaba piezas desde Estados Unidos para transformar armas de gas comprimido en fusiles, escopetas y ametralladoras. La exitosa operación contó con cooperación internacional como la agencia norteamericana Homeland Security Investigation (HSI), la articulación con la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) y la Aduana.

 

 

 

León Ocampo fue procesado desde 2016 en Paraguay y sentenciado en junio del 2019 luego de verificarse sus vínculos con traficantes argentinos. Las evidencias surgieron como resultado de un gran operativo policial realizado en varias provincias argentinas, denominado “Operación Palak”, cuando este se había convertido en una de las bisagras más importantes para el tráfico y provisión de armas no solo al Primer Comando Capital sino también al Comando Vermelho usando como centro de operaciones estratégicas la ciudad de Pedro Juan Caballero. El operativo argentino permitió detener a León Ocampo y a 23 personas secuestrándoles 2.743 armas de distinta naturaleza, fabricación y calibre cuyo costo ascendía a la suma aproximada entre 150 a 200 millones de dólares. Tanto León Ocampo como Ramírez fueron sentenciados a 13 años de cárcel y 7 respectivamente. Previamente, en marzo del 2016 León Ocampo había sido encontrado con el mayor arsenal ilegal de la historia paraguaya y fue acusado por la Secretaría Antidroga del Paraguay por “violación de la ley de armas y asociación criminal”.

 

 

 

Un reporte periodístico brasilero señala que el año 2010 López Ocampo facilitó a sus sicarios una ametralladora Punto 50 para dar fin con su competidor, el célebre narcotraficante Jorge Rafaat, más conocido como el Rey de la Frontera. De igual manera había apoyado con la misma arma para provocar un atentado criminal contra un senador paraguayo, Roberto Acevedo Quevedo, que por milagro salió con vida de una emboscada.

 

 

 

Datos periodísticos permiten afirmar que Berkman como Ocampo desarrollaron el mismo modus operandi en el tráfico de armas hacia el Cono Sur. En primer lugar, adquirían autorizaciones de compra de armas/partes en EEUU mediante la instalación de empresas fachada a través de las cuales se proveía formalmente a las instituciones de seguridad tanto de Bolivia como de Paraguay. En segundo lugar, estas empresas nacionales/locales de manera directa o a través de intermediarios pugnaban en convocatorias públicas o accedían directamente a los contratos mediante fuertes influencias políticas. Tercero, Berkman como León Ocampo creaban o renovaban sus empresas cuando eran objeto de seguimiento por las instituciones de inteligencia norteamericanas o cuando se develaba irregularidades en su funcionamiento administrativo o burocrático. Berkamn operó, como propietario o representante desde el 2000 con seis empresas (Berkman Sports srl, Defense Group, Monkey Distributions, BTS-CLL, Green Dragon Distributions y Army Spects) y León Ocampo lo hizo con 4 empresas (Armor Goldin, Comtecpar, Defense Corporation, Helitáctica S.A.) y en el mismo lapso de tiempo.

 

 

 

León Ocampo y Luis Berkman han mantenido durante varios años relaciones comerciales ilícitas en torno al robo de armas y al tráfico en favor de redes delictivas del Cono Sur. El contrato de venta de agentes químicos suscrito entre el régimen de Jeanine Añez y Berkman desnuda el tráfico de influencias realizado entre los personeros cercanos a Murillo y al ministro López en favor de un empresario cuyos vínculos con el crimen transnacional están abundantemente demostrados lo que revela una vez más que el régimen de Añez y sus ministros del área de seguridad debieran ser investigados exhaustivamente para desentrañar los oscuros negociados que vinculan al gobierno con mafias armadas y redes del narcotráfico en nuestra región.

 

 

 

La compra irregular de los agentes químicos para el ministerio de gobierno mediante el ministerio de defensa, por más de 40 millones de bolivianos, constituía sin duda la antesala de lo que habría significado una compra astronómica de armas y equipos policiales a las cuales el régimen destinó nada menos que 300 millones de bolivianos (42 millones de dólares), casi ocho veces más de lo que significó esta operación comercial irregular. Resta saber si los Berkman y sus socios en EEUU y sus cómplices en Bolivia ya tienen la lista de compras y si el ministerio de defensa y gobierno ya estaban preparando los papeles para el nuevo zarpazo contra la economía y la vida del pueblo boliviano que se debate en medio de la mayor miseria de la que se podía imaginar en el último tiempo.

 

 

 

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