Bolivia y sus elecciones: ¿Camino al equilibrio o el caos?

Bolivia y sus elecciones: ¿Camino al equilibrio o el caos?

Por Pablo Jofre Leal
Fuente: Bolpress

Hace unas semanas escribí un artículo donde daba cuenta de resolver la interrogante respecto a saber cuáles serían los resultados de las elecciones en Bolivia, que en ese momento estaban reprogramadas para el día 6 de septiembre) la fecha ha cambiado, el escenario sigue plagado de interrogantes.

La llegada de Donald Trump a la Casa Blanca aumentó, en forma significativa, la presión sobre aquellos países de América Latina cuyos líderes trataron de construir una política independiente de Washington, tanto en el plano interno y externo. No fue la excepción Bolivia que comenzó a sufrir, bajo el gobierno de Evo Morales Ayma la presión sistemática junto a sus socios del Grupo de Lima encabezados por el secretario general Luis Almagro.

Con una política exterior dedicada a seguir con su conducta desestabilizadora contra Cuba, Venezuela y Nicaragua, dotados de gobiernos “inaceptables” para la idea hegemónica de Washington, con fracaso tras fracaso en sus acciones golpistas, los servicios de inteligencia estadounidenses, sus agencias de trabajo de zapa se concentraron en la Bolivia administrada por Evo Morales, consiguiendo, finalmente generar un proceso de desestabilización que provocó su renuncia, caída y posterior salida del país.

El principal objetivo por el cual Estados Unidos se ha esforzado en controlar a Bolivia es para obtener acceso directo e ilimitado a sus amplísimas riquezas naturales, que bajo el mandato del ex presidente Evo Morales fue declarado tesoro nacional de todo el pueblo boliviano. Conducta que explica que durante los 14 años de mandato presidencial, el líder indígena haya disfrutado del más alto de nivel de confianza en la ciudadanía boliviana. Facilitado también por soluciones efectivas de su gobierno, no sólo promesas, en el ámbito de problemas socioeconómicos, especialmente dirigido a dar satisfacción a las necesidades de los sectores más desposeídos, especialmente la población indígena, que representa el 55% de los ciudadanos de la república. Período en el cual también la oposición de la derecha, grupos empresariales y políticos, principalmente del llamado Comité Cívico Santacruceño aumentó su caudal de violencia y claro contenido racista en sus planteamientos.Como parte del gobierno del ex presidente Evo Morales , el actual candidato a la presidencia de Bolivia por el MAS, el economista y catedrático Luís Arce Catacora fue Ministro de Economía entre los años 2006 al 2017 y algunos meses del año 2019 y bajo su gestión, con acciones consideradas hábiles y profesionales pudo garantizar, que en los últimos ocho años la economía nacional creciera anualmente con un promedio de un 5%, las reservas de oro y divisas aumentaron significativamente y se mantuvo la inflación en cero. Es esa constatación la que genera confianza en la dupla presidencial boliviana conformada por el mismo Luis Arce y David Choquehuanca, a pesar de todos los intentos del gobierno de facto por sacarlos d ela carrera presidencial.La dupla del MAS tiene una tarea difícil, pero no imposible, considerando que tras la victoria de Evo Morales en la primera vuelta de las elecciones de octubre del año 2019 y que fue reconocida por un gran número de países y potencias mundiales como legítima, también incluyó la oposición de Estados unidos y aliados regionales que incluso previo a las elecciones ya tenían definido el no reconocer el triunfo de Evo Morales, como ha ido comprobándose en investigaciones periodísticas que demuestran que en la elección presidencial no hubo fraude y que el trabajo de la Organización de Estados Americanos (OEA) fue parte del plan desestabilizador generado desde Washington.

Efectivamente, la presión de Washington y la Organización de Estados Americanos (OEA) presidida por su secretario general Luís Almagro, considerado el más proestadounidense que haya tenido esta organización regional; lograron generar un escenario político comunicacional donde se impuso la acusación de fraude contra las elecciones, además de un marco de presión que incluyo amenazas y acciones de violencia que hicieron temer incluso por la vida de Evo Morales, familiares y cercanos, que impidió realizar la segunda vuelta presidencial y concretar la renuncia del ex presidente Evo Morales Ayma.Como resultado de esa política destructiva de Washington, Sudamérica generó un foco más de inestabilidad artificial, fomentada por las acciones del gobierno estadounidense y el llamado Grupo de Lima. La instalación de un gobierno de facto en Bolivia, que ha mostrado sus intenciones de mantenerse en el poder, aprovechando los efectos del Covid 19 y el apoyo de Washington, ya han presentado protestas masivas ante ese intento y la postergación d elas elecciones presidenciales. Estallidos sociales como los que recientemente se han expresado en el escenario político y social en Colombia, Chile, Ecuador, cuyos gobiernos, al igual que el de Jeanine Añez en Bolivia, descuidan la resolución de los problemas apremiantes de la ciudadanía, en pos de mantener un poder cada día más frágil y que se ve en toda su magnitud en las sucesivas postergaciones de las elecciones, las medidas de represión y la constante conducta de presionar al MAS en materia de poder sacarlo de la carrera presidencial.

El ejemplo de Chile puede dar luces respecto al efecto multiplicador del rechazo a políticas económicas, digitadas desde Washington y organismo financieros internacionales. Los hechos que desde octubre del año 2019 hasta marzo del año 2020 – sólo frenados por la pandemia del Covid 19 – sacudieron el país sudamericano, administrado por un gobierno de derecha, que en virtud de seguir obcecadamente en la estrategia e implementar a rajatabla un modelo perjudicial, para los intereses de gran parte de la población, que auguran más protestas y el agravamiento de la situación del estado y sus ciudadanos.En Bolivia la situación política ha adquirido tintes de una lógica complejidad, por las candidaturas en competencia pero, sobre todo porque una eventual victoria de la candidata de Washington para las elecciones – postergadas para el 18 de octubre – Jeanine Añez, con toda la injerencia financiera, política, intromisión de agencias estadounidenses, compra de votos, campañas difamatorias contra el MAS e incluso sacarlos de la carrera política, visualizan una profunda crisis social post elecciones. En el plano de lo que viene, el martes 11 de agosto el Senado boliviano aprobó a favor del proyecto de ley de permanencia obligatoria en el país por espacio de tres meses, una vez que concluyan su mandato las autoridades de los tres niveles del Estado, para emitir los informes respectivos de su gestión a sus sucesores en un marco de transparencia evitando la impunidad en casos de corrupción.Bolivia ha vivido en las últimas semanas una serie de protestas sociales, con bloqueo de carreteras, por parte d ellos opositores al gobierno de Añez y la entrada en escena de grupos paramilitares alentados por el gobierno y los grupos de ultraderecha. Hoy se escucha con más fuerza la exigencia a la presidenta de facto renunciar a su candidatura. Cochabamba, El Alto y otras ciudades bolivianas han sido testigos este lunes 10 de agosto de protestas y enfrentamientos entre fuerzas del gobierno y la sociedad movilizada. El Movimiento al Socialismo rechazó la invitación a un “diálogo” convocado por el gobierno de facto por no plantear las reivindicaciones básicas de esta organización: Primera, la fecha debe ser establecida mediante una ley para ingresar al marco jurídico y no por una resolución del Tribunal Supremo Electoral (TSE). Segunda, el TSE tiene que garantizar una fecha inamovible. Tercera, el día determinado para los comicios debe contar con el “aval, el auspicio y las garantías” de la comunidad internacional. Otras organizaciones políticas asistieron a la invitación y centraron sus acusaciones contra Añez y su gobierno por convertir este mandato, que se supone interino, en una plataforma de campaña alentada fuertemente por Washington.La apuesta de Estados Unidos es mantener el control del ejército Boliviano, tal como lo consiguieron para exigir la renuncia de Evo Morales , para seguir utilizándolo como instrumento interno, para lograr su objetivos políticos, que puede conducir a un aumento del papel del liderazgo militar, con posibilidades también de generar tensiones externas y un aumento de las tensiones entre los países de la región, en virtud de las disputas territoriales de larga data, que incluyen a Chile, Perú y Paraguay. No es casual la idea presidencial de utilizar al ejército para desbloquear los caminos que trabajadores y campesinos han ocupado como protestas ante la decisión del gobierno de postergar las elecciones presidenciales. “Agotaremos hasta la última instancia el diálogo y si no hay la apertura que esperamos (…), vamos a intervenir los bloqueos en cualquier momento”, dijo el ministro de facto de Gobierno, Arturo Murillo, durante una conferencia de prensa realizada el jueves 6 de agosto en Cochabamba vislumbrando una fuerte represión.

Hablamos de un ejército que ha sido beneficiado ampliamente por el gobierno de Añez, de tal manera de contar con su apoyo: beneficios sociales, salariales, incluyendo un decreto de amnistía que exime a los oficiales militares y policiales de responsabilidad por los asesinatos cometidos durante las manifestaciones masivas de los partidarios del ex presidente Evo Morales tras su renuncia tras la asonada cívica-militar Recordemos que en noviembre del año 2019 se contabilizaron, según la defensoría penal, 32 personas asesinadas por disparos de las fuerzas militares y policiales.Una situación que mereció declaraciones de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet en cuyo informe tras las manifestaciones en Bolivia señalo que “La crisis postelectoral del año pasado causó al menos 35 muertes y 800 heridos, la mayoría ocurridas durante operaciones del Ejército y la Policía” expresando además la preocupación del organismo por el “procesamiento” de exfuncionarios del Gobierno y personas relacionadas con la Administración del expresidente de Bolivia Evo Morales.Las postergadas elecciones del 6 de septiembre – fijadas así por el Tribunal Supremo Electoral – no deberían haber sido ser modificadas, peor más pudo el objetivo de perpetuar el actual gobierno y ofrecer dificultades a la sociedad boliviana para ejercer su derecho. Recordemos que la decisión del 6 de septiembre fue saludada incluso por el secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres quien aplaudió la decisión del TSE, para que los comicios generales pendientes se realizaran en tal fecha. Incluso hizo un llamado a los partidos políticos y las autoridades para que cooperen plenamente en la celebración de elecciones pacíficas, transparentes e inclusivas” informó la representación en La Paz del organismo internacional.

Fuentes desde Naciones Unidas han señalado que acompañado de la frustración por la nueva postergación existe la creencia que es posible medidas de fuerte represión contra la población que implique un fuerte estallido social. Unido al hecho que el cambio de fecha es una decisión completamente ilegal ya que cualquier cambio de la fecha de los comicios corresponde al Parlamento y mediante ley. Como también que resulta del todo ilegal tratar de proscribir un partido como el MAS, sobre todo cuando marcha primero en las preferencias de la población. Sumemos a ello la alianza de tipo criminal que el gobierno de Añez, las fuerzas policiales y el ultraderechista y supremacista Luís Fernando Camacho, junto a grupos de choque paramilitares como la Unión Juvenil Cruceñista y Resistencia Juvenil Cochala conformado, para generar temor en la población a través de acciones paramilitares.

Las encuestas indican que el candidato del MAS, Luis Arce obtendría la victoria en la primera vuelta, quedando la incógnita respecto al porcentaje de diferencia, de tal forma que haga innecesario el balotaje. Una victoria de la dupla Arce-Choquehuanca, según sus adherentes, colocaría nuevamente en mejor posición a la población indígena, tal como aconteció bajo el mandato de Evo Morales. Una victoria que implica la posibilidad cierta de mejorar sus problemas sociales, las cuestiones relacionadas con la representación política en el poder y el respeto a las costumbres de un pueblo que en el marco democrático volvería al camino de la estabilidad y el desarrollo progresivo dejando atrás el temor al caos.
Al menos hoy, bajo el gobierno de Añez la crisis sanitaria, política, económica y social es parte de la vida cotidiana de este país sudamericano, que al parecer, si nada pasa en contrario tendrá que elegir el próximo 18 de octubre presidente, vicepresidente, diputados y senadores, en unos comicios pendientes desde octubre del año pasado anulados por el golpe de Estado, que obligó a la renuncia y posterior exilio del ex presidente Evo Morales.

Washington vigila para que Evo y Correa no consigan retornar como lo hizo Cristina

Washington vigila para que Evo y Correa no consigan retornar como lo hizo Cristina

Jorge Elbaum/
Fuente: CLAE/Sur y Sur

Bolivia y Ecuador están inmersos en procesos electorales que tendrán gran impacto en América Latina y el Caribe. Dado que el resultado de ambos comicios puede alterar el tablero regional, Washington viene desarrollando una intensa actividad orientada básicamente a impedir la victoria de las alianzas progresistas en Bolivia y Ecuador.

En los últimos meses, el Departamento de Estado ha desatado una ingente batería de iniciativas, en abierta coordinación con las élites locales, para interrumpir la reconfiguración de un bloque soberano de la hegemonía corporativa y financiera, apadrinada por las delegaciones diplomáticas de Washington.

En la última semana, el gobierno golpista de Jeanine Áñez se vio en la obligación de aceptar, ante las requisitorias periodísticas, el pago de 100.000 dólares –provenientes de recursos del tesoro nacional– por los servicios de la consultora CLS-Strategies, especializada en asesoramiento de seguridad e imagen institucional. El contrato se inició en diciembre de 2019 a partir de la recomendación realizada por el encargado de negocios de la Embajada de Estados Unidos, Bruce Williamson, máxima autoridad diplomática en La Paz.

Entre los antecedentes de la consultora, se destacan las tareas realizadas en Honduras, entre marzo y junio de 2009, meses previos a la destitución ilegal del entonces Presidente José Manuel Zelaya. En aquella ocasión, los honorarios fueron abonados a CLS-Strategies por un think tank liderado por el entonces presidente de la Asamblea Legislativa, Roberto Micheletti, ungido de facto por las Fuerzas Armadas el 28 de junio de 2009.

Otro cliente de CLS-Strategies fue Álvaro Uribe, el ex Presidente de Colombia, quien en la actualidad se encuentra detenido con prisión domiciliaria por orden de la Corte Suprema de su país, acusado de casos de corrupción y responsabilidad criminal en la ejecución extrajudicial de dirigentes sindicales, políticos y académicos en manos de los paramilitares de las Autodefensas Unidas de Colombia.

El CLS-Strategies tiene sede en Washington y también cuenta, entre su cartera de clientes –según datos provistos por el Departamento de Justicia estadounidense– a la Agencia Central de Inteligencia (CIA, por sus siglas en inglés) y la Agencia Nacional de Inteligencia (el Department of Homeland Security, DHS).

El consultor enviado por CLS a La Paz, durante los primeros seis meses de 2020, fue Brian Berry. Su tarea consistió en ofrecer una planificación destinada a mejorar la imagen de Áñez y socavar la del MAS. Entre sus antecedentes, Berry acredita su participación en  la campaña electoral que no pudo impedir la victoria en México de Andrés Manuel López Obrador.

Una de las primeras declaraciones altisonantes de la Presidenta de facto Áñez, influida por el consultor, fue en la ciudad de Sucre, a principios del año, cuando advirtió: “No permitiremos que los salvajes vuelvan a gobernar”. Como resultado inmediato de los consejos del asesor Berry, también se nombró como miembro del Tribunal Supremo Electoral a Salvador Romero, un experimentado arquitecto de formulaciones golpistas institucionalizadas, que ya había trabajado con CLS-Strategies en Tegucigalpa, en ocasión del ascenso a la primera magistratura de Micheletti.

Berry conoció a Salvador Romero en Honduras, durante los meses previos al golpe a Zelaya. Como compensación, el boliviano fue nombrado como Director del Instituto de la Democracia de Honduras, donde contrató a varios de sus ex colegas de USAID, la entidad gubernamental del Departamento de Estado que utiliza como dispositivos estratégicos la cooperación internacional y la ayuda social. Romero, además, es primo del jefe de campaña de la agrupación Comunidad Ciudadana, liderada por el ex Presidente Carlos Mesa, actualmente posicionado en segundo lugar en las encuestas,

El titular del Tribunal Supremo Electoral (T.S.E.) fue el responsable de postergar por tercera vez el calendario electoral, instituyendo su realización para el 18 de octubre próximo, bajo el pretexto de la pandemia. Berry y Romero son los encargados de desgastar al MAS, que aparece liderando las preferencias electorales.

En ese marco, los encargados de hacer el trabajo sucio de Áñez han dispuesto una batería de imputaciones y montajes judiciales contra varios de los referentes masistas, acompañados de un sostenido apoyo mediático destinado a corroer la imagen pública de sus candidatos. La última semana, se volvió a acusar al ex Presidente Morales de una paternidad clandestina generada a partir de una relación con una menor. La imputación fue tomada por la Justicia a partir de una denuncia anónima.

Según los analistas políticos los gobernantes de facto consideran que de esa manera existen más posibilidades de llegar a las elecciones con ventajas sobre el MAS. En tanto la diferencia siga siendo elevada –aconsejó Berry– se deberá continuar utilizando la pandemia como justificativo de nuevas postergaciones, para ir ganando tiempo.

Mientras tanto, como declaró el ministro de gobierno de la presidenta de facto, Arturo Murillo, ante la cadena CNN el último 10 de agosto, “meter bala sería lo políticamente correcto” (en referencia a los cortes de ruta producidos por quienes exigen elecciones en la fecha prevista inicialmente.

Sus mandantes, sin embargo, fueron más claros a la hora de explicar la motivación estructural del gobierno de facto: el último 24 de julio, el empresario Elon Musk respondió personalmente una acusación respecto a su participación en el golpe contra Evo Morales. El propietario de la corporación Tesla que produce autos eléctricos –para quien el litio es el insumo básico e imprescindible– aseveró: “Nosotros derrocaremos a quien queramos”.

La ley es tela de araña

Las elecciones en Ecuador están previstas para el 7 de febrero de 2021, y la alianza formada por Rafael Correa postula para la presidencia a Andrés Aráuz Galarza. El triunfante modelo impulsado por Cristina Fernández de Kirchner en la Argentina, quien se postuló para la vicepresidencia, ha sido –hasta esta última semana– el formato elegido por Rafael Correa para retornar al activismo en Ecuador, luego de la adulteración política promovida por su sucesor, Lenín Moreno.

La Unión por la Esperanza (UnEs) es la organización que presentó al binomio de Aráuz/Correa y que ya aparece liderando las encuestas.

El rol que cumplió Berry en La Paz ha sido replicado por Paul John Manafort en Quito. Manafort es un lobista ligado al Partido Republicano que fue jefe de campaña de Gerald Ford, Ronald Reagan y George H. W. Bush. En la primera parte de 2016, cumplió esa misma función para Donald Trump, para luego transformarse en uno de sus delegados dedicados a las  operaciones especiales.

En mayo de 2017, Manafort mantuvo varias reuniones con Lenín Moreno para solicitar al primer mandatario el fin del asilo otorgado por Correa a Julián Assange en 2012. El 11 de abril de 2019, por decisión de Moreno, Ecuador  retiró la nacionalidad ecuatoriana y el asilo concedido a Assange. En forma inmediata, fue detenido por las autoridades británicas –dentro de la Embajada del Ecuador en Londres– como respuesta al pedido de extradición del gobierno estadounidense.

Otro de los acuerdos supuso el auxilio de Washington respecto a la negociación de la deuda con el FMI y el compromiso por parte de Manafort de interceder ante INTERPOL para conseguir una Alerta Roja que permitiese la extradición de Rafael Correa, exiliado en Bélgica. Estas negociaciones irregulares llegaron a ser conocidas rápidamente por la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Representantes, hecho que motivó, en diciembre de 2018, que varios legisladores demócratas exigieran a Mike Pompeo un informe detallado sobre esas negociaciones irregulares.

El 13 de septiembre de 2018 Manafort se declaró, ante el fiscal especial Robert Mueller, culpable de dos cargos criminales –el de conspiración y el de manipulación de testigos– consumados para beneficiar a Trump El último miércoles 19 de agosto, el Senado de Estados Unidos lo acusó de desarrollar transacciones reñidas con la legalidad en Ucrania y Rusia, en un informe de 1.300 páginas donde se señalan también las operaciones en Ecuador.

Para complementar la tarea de Manafort, el Departamento de Estado decidió enviar a Quito a un experimentado diplomático, Michael Fitzpatrick, que ha sido clave en el golpe institucional contra el Presidente paraguayo Fernando Lugo en 2012. El diplomático quedó expuesto en 2011 con la difusión de cables secretos –por parte de WikiLeaks– en los que informaba a sus superiores en el Departamento de Estado del golpe en ciernes, sin advertir a las autoridades constitucionales paraguayas de ese peligro y del cual fue indudablemente gestor o cómplice

Fitzpatrick arribó a Ecuador el último 19 de junio, y su delegación diplomática se constituyó de inmediato en el cuartel general de los asesores de Edwin Moreno, candidato a presidente por la agrupación Ecuatoriano Unido y hermano de Lenín. En forma paralela, varias consultoras de Quito y Guayaquil han sido contratadas para promover la estigmatización del correísmo.

El Departamento de Estado, los medios de mayor cobertura informativa locales e internacionales y fracciones del Poder Judicial han construido un entramado dirigido a  proscribir a Rafael Correa. Se armaron causas judiciales superpuestas para evitar su candidatura, bajo el chantaje de su detención una vez que pise suelo ecuatoriano.

El ex mandatario tiene dos órdenes de prisión preventiva en su contra, dictadas por la jueza nacional Daniella Camacho, pero se encuentra interpuesta una apelación ante la Cámara de Casación que aún no ha sido resuelta. En forma paralela, desde varias consultoras financiadas por la Embajada, se dispone una ofensiva publicitaria –a través de las redes sociales– para desacreditar al joven de 35 años Andrés Aráuz.

 El péndulo se mueve

El urgente envío de Michael Fitzpatrick a Quito se vincula a una serie de sucesos:

  1. El rechazo de Interpol de difundir una alerta roja contra el ex Presidente Rafael Correa, tal como lo había solicitado el gobierno de Ecuador.
  2. La decisión de un juez del Tribunal Contencioso Electoral de Ecuador, que dejó sin efecto las medidas cautelares de suspensión que pesaban en contra del movimiento Fuerza Compromiso Social, liderado por Correa.
  3. El triunfo de Mohammed Irfaan Alí, del Partido Progresista del Pueblo (PPP), como nuevo presidente de Guyana, luego de derrotar al candidato neoliberal.
  4. La detención domiciliaria de Álvaro Uribe, acusado de soborno y fraude procesal.
  5. El retiro de una de las imputaciones contra el ex Presidente Luiz Inácio Lula da Silva, motorizada en 2018 por el  entonces juez federal Sergio Moro. El vocero del  Supremo Tribunal Federal de Brasil, Ricardo Lewandowski, consideró que Moro tuvo una clara motivación política.

Washington observa con preocupación estos indicios –sumados a la alianza de Alberto Fernández con Andrés Manuel López Obrador– que contradicen la lógica de las corporaciones y la financiarización global. Cualquier recurso es bueno (jurídico, mediático, económico  y/o de inteligencia) para impedir la reconstrucción de un polo soberano en América Latina y el Caribe.

Dependerá de las fuerzas sociales subalternas y de sus referentes políticos elaborar estrategias adecuadas para sortear o superar dichas variadas operaciones.

*El autor es sociólogo, doctor en Ciencias Económicas, columnista de varios medios, entre ellos El Cohete a la Luna; analista senior del Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE, www.estrategia.la))

«Del estado de excepción al estado de rebelión»

«Del estado de excepción al estado de rebelión»

Por Rafael Bautista S.
Resumen Latinoamericano

El Estado de excepción no declarado, pero en ejecución fingida, constituye el contexto ineludible que permite –en una reflexión crítica de la coyuntura– poder advertir, la más que improbable realización democrática y limpia de elecciones nacionales. La postergación continua del evento electoral (por cuarta vez), bajo el pretexto de la “pandemia”, demostró ya la falacia grosera de la autodenominada “transición”, que exhibe la dictadura actual como mera cobertura “democrática” de unos propósitos profundamente anti-democráticos.

Su finalidad no fue nunca “recuperar la democracia”, sino destruirla desde sus bases mismas; minando la propia soberanía nacional en acuerdos espurios que comprometen la propia viabilidad estatal y nacional.

Un “gobierno de transición” jamás se arroga tareas como la definición de nuevos acuerdos internacionales y diplomáticos, o la otorgación de concesiones en minería o hidrocarburos; tampoco su tarea jamás debió considerar deshacer la institucionalidad o instrumentalizar los órganos estatales para benéfica propio (si eso supuestamente era lo que había que corregir); o minar la soberanía nacional, permitiendo la injerencia abierta de la Embajada gringa en asuntos estratégicos, como es el litio y la bioceánica; o poner al descubierto, para beneficio chileno, información estratégica del conflicto por las aguas del Silala.

Desde su inicio, se pudo vislumbrar un atrevido y enfermo revanchismo, desmontando incivilmente “lo plurinacional” del Estado boliviano; desde la quema de una insignia patria como es la wiphala (que continuó con su total anulación de la imagen gubernamental), hasta el respaldo abierto a grupos parapoliciales y paramilitares que fueron, en el golpe, actores visibles en la destrucción de instituciones estatales; quienes desataron, además, la persecución, amedrentamiento y hostigamiento a dirigentes, asambleístas nacionales y pueblo en general (sobre todo de procedencia indígena).

La “transición” fue un eufemismo que sirvió a los golpistas para “encantar” a la población urbana con un cuento de hadas invertido, donde los buenos son malos y los malos son buenos. Tarea que fue encargada a los medios de comunicación que, hasta el día de hoy, prosiguen con una sistemática desacreditación del campo popular, en connivencia y complicidad con la dictadura disfrazada de “democracia recuperada”.

Este Estado de excepción no declarado, pero en ejecución fingida, por mediación de la policía y el ejército (y los ministerios de gobierno y defensa), moviliza ahora grupos civiles para provocar el justificativo de otro golpe al interior de la trama oligárquica que se ha instalado como “ficción democrática” contra el pueblo boliviano. Ese es el tono abierto que viene desenmascarándose en declaraciones abyectas que vociferan los representantes de “Comités Cívicos”, como el de Santa Cruz (que aglutina a la más rancia facción fascista del golpe) que, ante la opinión pública, señala que no se retractará del calificativo de “bestias inhumanas”, imputado al pueblo indígena movilizado. Eso es lo que está detrás de esta famosa “recuperación democrática” y lo que manifiesta su carácter ya no solamente profundamente antinacional sino hasta profundamente anti-humano.

Si de democracia hablamos, la democracia que esgrimen los cooptados por el señorialismo oligárquico, es un “kratos” sin “demos”; es decir, un poder exclusivo para quienes conspiran y socavan constantemente la posibilidad de un país de iguales y de democracia amplificada. Mientras vociferan a los cuatro vientos la presunta “dictadura que vivimos en los 13 años del MAS”; en apenas 8 meses de gobierno golpista, se dieron la tarea de instaurar la verdadera dictadura que temían tanto los incautos citadinos clasemedieros movilizados en contra del “caudillo populista”.

En noviembre del año pasado ya cobraron los fascistas su insana sed de muerte, y frente a la actual movilización popular (otra vez totalmente indefensa), vuelven a amenazar soberbiamente con todos los poderes coercitivos y, además, escudados por el bloque civil de reclutamiento oligárquico que todavía pueden congregar (aunque ya en menor medida pero magnificados por los medios de comunicación y/o propaganda de la dictadura).

Por eso el pueblo ha ido comprendiendo y decantando su movilización en la amplificada e irrenunciable petición de renuncia del gobierno golpista en su conjunto. Porque precisamente esa es la única garantía de una verdadera “recuperación democrática”.

Los acuerdos que se lograron entre la Asamblea legislativa y el Tribunal Electoral, sobre el supuesto blindaje legal para asegurar comicios electorales hasta el 18 de octubre, ya no constituyen garantía, desde la conculcación del Estado de derecho que se produjo, una vez violentada la Constitución en esa supuesta “sucesión constitucional” que se inventaron para legitimar el golpe de Estado de noviembre de 2019.

No vivimos en un Estado de derecho, sino en una “anomia estatal” que, según la ley del más fuerte, ha convertido a Bolivia en una tierra sin ley ni derecho alguno. Creer que, en esas condiciones, es posible una “elección democrática”, es pecar de ceguera política.

La ficticia “sucesión constitucional” se produjo entre bambalinas y con actores hasta foráneos injerencistas, como la embajada brasilera, la CIA, la Unión Europea, la Iglesia Católica, además de partidos de derecha y ejecutores del golpe que después fueron gobierno, en instalaciones de la Universidad Católica, en La Paz. Ellos instauraron este disparate de gobierno que lo comandan inadaptados sociales cuya patología racista es sólo comparable al nazismo, al ku klux klán y al sionismo actual.

La dictadura, una vez cooptados todos los órganos estatales (a excepción de la Asamblea Legislativa, que vive en continuo hostigamiento), también aseguró su presencia indefinida, poniendo como cabeza del Tribunal Electoral a un individuo ligado a la CIA, por mediación de la USAID. Es decir, se encargaron ya de reordenar todas las Cortes Electorales nacional y subnacionales para montar el verdadero fraude que tanto imputaron al gobierno anterior y hasta ahora imposible de demostrarse fehacientemente (ni siquiera la versión burlesca de la cómplice golpista OEA).

Sólo la pérdida de credibilidad y las repugnantes develaciones inmediatas de corrupción, nepotismo y robo maniático de los golpistas, hizo que fuesen aplazando las elecciones, por el rechazo creciente a la candidatura de la autoproclamada en las encuestas nacionales; sumado a ello, la acumulación creciente de preferencia electoral por parte del MAS (lo cual ya devela la falacia derechista de impugnar al gobierno anterior lo anti-democrático que, en realidad, representa la dictadura actual).

En ese contexto, la oligarquía sabe que “democráticamente” no puede continuar en el poder; esa es la razón por la que, amparándose, como es su costumbre, en poderes foráneos y, sobre todo, en el poder imperial (que compró a la antipatriota cúpula militar y policial), provoca ella misma una guerra civil.

Esa era la apuesta del golpe cívico-prefectural del 2008 y que buscaba, de modo abierto, la balcanización de Bolivia, y que, hoy en día, sobre todo con la presencia del separatista Marincovic, como “ministro de planificación” de la dictadura, se vuelve a activar.

Por eso el pueblo, desde las propias bases –en  esa acumulación de memoria histórica del movimiento nacional-popular–, demanda la renuncia innegociable de todo el gobierno golpista. Porque no existe ningún ápice de confianza democrática en un orden impuesto al servicio de los intereses más antinacionales del país. Todas las apuestas electoralistas, en que también cae el propio MAS, no toman en cuenta de que no estamos en “condiciones normales” y que, quienes les sacaron vía golpe de Estado, es decir, de modo violento, jamás aceptarán devolver el poder de modo democrático (si por actuar “políticamente correctos” ante la opinión pública nacional e internacional, creen que recuperar la democracia pasa por la aceptación de las reglas impuestas desde la Embajada gringa, significa que no sólo han perdido visión política sino que sus cálculos carecen de toda objetividad). El conflicto no es coyuntural sino que ha despertado, otra vez, la contradicción histórica no resuelta (y que el MAS tampoco supo resolver) entre la nación y la anti-nación.

El “indio convertido en multitud” fue lo que despertó el miedo, junto al desprecio del señorialismo oligárquico (que hace también nido en la clase media urbana, en ese ficticio “mestizaje” que ostenta el boliviano que persiste en “argumentar contra sí mismo”), del “volveré y seré millones”. Por eso el rechazo vehemente al Evo y su frase de “hemos venido a quedarnos por 500 años”. Eso fue lo que prendió los acentos de desprecio y odio oligárquico (basado en ese su “juramento de superioridad sobre los indios”) y amenazó definitivamente la continuidad de esa oligarquía como inmerecida elite política.

No se trataba de que “alguien” se quede con el poder eternamente (esa fue la “leyenda urbana” que se inventaron los medios), sino que el único garante de la presunta superioridad criolla-blanca-señorial –el indio en cuanto su oprimido “inferior”– se atreva a disputarle para siempre su condición de elite dirigencial del Estado. Porque la oligarquía se acostumbró a transferir al indio todas sus miserias, podredumbres, taras y complejos, haciendo de éste el perfecto “chivo expiatorio” sobre el cual descargar toda su mendicidad hereditaria de un país rico condenado al beneficio foráneo.

Que el indio, en la presencia del Evo, les haya demostrado mayor eficiencia y logrado, además, el inédito despegue económico de Bolivia; mostrando de ese modo la total inutilidad de la casta oligárquica, fue lo que enervó el desprecio señorial y se tradujo en odio desencarnado; que es lo que se devela ahora como única plataforma (in)moral que ostenta el conservadurismo más rancio de una “ciudad letrada” que es la que, en realidad, ostenta la ignorancia que tanto impreca al campo.

El componente racista de una clasificación social que cree “natural” el citadino, es lo que activa la última resistencia señorialista en contra de la misma nación que dice “amar”; por eso la casta patrocinadora del racismo urbano, representado ahora por la oligarquía cruceña (siendo su portavoz el “Comité Cívico pro Santa Cruz”), no renuncia incluso a cercenar el país que nunca mereció dirigir y al cual nunca tampoco jamás consideró como “propio”.

Ahora el pueblo confluye, desde todos los rincones y todos los extremos, para mostrarnos lo que define a “un pueblo en tanto que pueblo”. Frente a cualquier pacto o negociación nos señala que no se puede negociar la vida, menos cuando ésta es la que se encuentra seriamente amenazada por la presencia de lo más espurio de la derecha oligárquica hecho gobierno ilegítimo.

Hoy es el gran cabildo de El Alto y se reúnen todos los tiempos y todos los siglos; desde las 20 provincias de La Paz, llegaron todos los pueblos, los ayllus, los suyus y las markas, para señalarnos y enseñarnos el camino. Si el pueblo, en la retórica política de la izquierda, es el depositario del poder político, entonces es hora que eso ya no sea más discurso sino sea efectiva fidelidad al poder popular.

La única garantía de recuperación democrática es la dirección popular unificada que está sucediendo histórica y efectivamente hoy. Por eso el interés desmedido de la derecha (y sus medios) en provocar divisiones, desencuentros y desacuerdos. La lucha nunca ha sido homogénea sino analógica; no todos caminan al mismo ritmo, incluso en sus demandas, pero todos, desde las propias bases están configurando la decantación de la toma de autoconsciencia de que nos estamos jugando históricamente el destino nacional.

Si la dictadura hubiese ya triunfado, eso iba a significar, por lo menos, otro medio siglo de aplazamiento en el desarrollo del poder popular. Pero el pueblo recuperó la lucidez que le hizo ser sujeto del proceso constituyente, y los propios ancestros (de toda nuestra historia ausente en la miopía de los historiadores) le han devuelto, otra vez, la “unción democrática y revolucionaria”. Es hora de frenar definitivamente el atrevimiento fascista-oligárquico de balcanizar Bolivia, y que eso coadyuve al avance definitivo del poder popular como poder instituyente y constituyente.

Por ello la sabiduría popular no ve –como lo hace la visión inmediatista e instrumental del razonamiento político– las elecciones como un fin en sí mismo o como el summum de la democracia. Las elecciones abren posibilidades, como también las cierran. Son un ejercicio democrático pero no la democracia misma. Cuando son hechas a la medida de una democracia acorde al mercado, es decir, al neoliberalismo, el voto puede ser lo más engañoso (como lo es toda encuesta manipulada). Por eso, el verdadero “kratos” de la democracia no es una elección (que es siempre contingente) sino el ejercicio constante del poder popular.

Una elección no se define como “democrática” por su sola realización sino por todo aquello que la hace posible. En ese sentido, sólo una verdadera “recuperación democrática”, podría asegurar unas elecciones creíbles y donde se pueda recuperar, de nuevo, la “unción democrática” de un pueblo que fue objeto de una usurpación fascista que, no sólo pretendió arrebatarle su espíritu democrático, sino incluso cercenarle su propia capacidad histórica.

Pero el pueblo boliviano tiene, en su memoria inmediata, el haber expulsado al último gobierno neoliberal, el 2003, en la llamada “guerra del gas”; y tiene, además, en su memoria larga, el haber resistido siglos de conquista y colonia y nunca haber capitulado ante el enemigo invasor, ahora actualizado como elite colonizada.

Ahora asciende históricamente, en esta hora decisiva, con toda una acumulación de siglos y puede, por ello, despertar la pesadilla oligárquica del “indio hecho multitud”, del “cerco hecho escuela política”, de “la marcha hecha escuela histórica”. La historia vuelve sobre sí y anuncia un nuevo “cerco histórico” para mostrarnos dónde está la verdadera ignorancia, la anti-nación, el anti-patriotismo de una casta que siempre embaucó a sus subalternizados con sus propias miserias coloniales.

“Cercar” a esta casta y su “espacio vital” significa, en la lucha popular, la abreviación de su nefasta transmisión social. Por eso lo expansivo del poder popular es su irradiación histórica de carácter trascendental. Todos los tiempos se hacen presente en el Pachakuti, porque todos los tiempos demandan reparación histórica, desde los pasados negados hasta los futuros no cumplidos o los porvenires no alcanzados. Todos demandan redimirse cuando el presente se propone constituirse en la redención de toda nuestra historia. Por eso el pueblo asciende en su unificación desde todo su pasado en cuanto acumulación histórica. Por eso despierta una sabiduría de profunda densidad que le permite interpretar el presente a la luz de todos los tiempos.

No se trata de una elección más, tampoco de un cambio gubernamental, sino de originar un nuevo y definitivo “proceso constituyente” que, ahora sí, se proponga el desmontaje sistemático del carácter señorial, oligárquico, liberal y estructuralmente colonial del Estado boliviano. Y eso es precisamente lo que la dictadura pretende reponer, mediante el ejército y la policía y su bloque fascista urbano. Añoran la república, donde eran patrones de un Estado convertido en su finca privada. Entonces, “recuperar la democracia” es tarea urgente e ineludible desde que fue asaltada de modo fascista, en el golpe de Estado.

En ese sentido, las dirigencias deben saber ponerse a la altura histórica que el pueblo ha alcanzado. Es el tiempo de los pueblos. En plena cuarentena global que han desplegado los poderes facticos para imponer un siniestro “nuevo orden” de control explícito de la vida de la humanidad.

En Bolivia se puede ver cómo, los supuestos heraldos del discurso en “defensa de la vida”, son quienes, por el contrario, siembran muerte y dolor sin miramientos. El capitalismo moderno se expande en esa misma retórica y, sin embargo, a lo único que nos conduce es al fin de la vida misma. Por eso el “grito del sujeto” se constituye en el grito de la vida misma ante una economía de la muerte y una forma de vida que es, en realidad, una sistemática forma de producir muerte.

Ese ese el mundo moderno que, en boca de sus nuevos “cruzados” (como son los fascistas renacidos en el racismo urbano) llaman “bestias” a quienes les alimentan, les crían y hasta les brindan cultura e identidad; ese desprecio de la ciudad al campo es lo que el mundo moderno ha impuesto como falacia civilizatoria y que ahora se desencubre como la barbarie moderna misma del supuesto “civilizado”.

Por eso el cabildo de El Alto, decidió darle continuidad al Estado de rebelión. Porque el pueblo no capitulará su vocación democrática; cuya fortaleza emerge desde las bases mismas que han interpelado hasta a su propia representación. El mal cálculo de la Asamblea Legislativa, con mayoría del MAS, hizo pecar a la misma COB y al Pacto de Unidad. En las otras regiones los “auto-convocados” y las organizaciones populares, campesinas e indígenas, han asumido una lucha “hasta la renuncia del gobierno golpista”. Y esa es la prueba irrefutable que anula, por completo, la difamada calumnia gubernamental, mediática, cívica y patronal de que los movilizados son “ovejas pagadas y manipuladas por Evo”.

Para acabar este manifiesto. Los golpistas fascistas y racistas, parecen Nerón y la elite imperial romana refiriéndose a los cristianos originales de su tiempo. El desprecio aristocrático al pueblo tiene esa tradición (desde Cicerón hasta Kisisinger) en toda la historia de Occidente. Y el cristianismo ya imperializado, desde Constantino, el 325, no escapa a ello; es ese cristianismo el que llegó, en 1492, con la cruz y la espada, para imponer esa nueva creencia a sangre y fuego, desatando un genocidio que no ha cesado hasta el día de hoy.

Por eso en el golpe, los nuevos “cruzados” fascistas, meten a la Biblia que nunca había salido de Palacio y pretendieron sacar a la PachaMama, que es la fuente de donde procede la vida misma. Tamaño oscurantismo sólo puede provenir de una cultura de la muerte, travestida como “religión del amor”.

Para terminar de desencajar a los supuestos cristianos que apoyaron el golpe y el nuevo genocidio que pretende la dictadura: las “buenas nuevas” o “evangelio”, no fueron dadas a los ricos sino a los pobres y, precisamente, de ellos, “será el reino de los cielos”; porque Dios “escogió a los débiles para vencer a los poderosos y soberbios”, y “escogió a los ignorantes para confundir a los sabios y arrogantes del mundo”. Este año se cumplen 49 años del golpe de Estado de Hugo Banzer. Golpe que fue la respuesta oligárquica contra la “Asamblea Popular”, que promovió la última generación de militares patriotas al mando del general Juan José Torrez.

Cuando vino el Mesías, vino a anunciar el año del Jubileo, es decir, el año 50, donde todo vuelve a su origen: los esclavos son liberados, las deudas perdonadas, la tierra vuelve a sus dueños originales y la justicia de los cielos se derrama sobre la tierra. Estamos en las vísperas del Jubileo, donde retorna el Mesías, pero ya no como individuo sino como pueblo. Ese es el tiempo mesiánico o Pachakuti. Donde se redime toda la vida. Y tiene al pueblo como el enviado en esa tarea para que la tierra pueda albergar la presencia divina. Porque lo divino sólo puede habitar entre nosotros, cuando ser humano y naturaleza, hijos e hijas y MadreTierra, puedan convivir en paz y justicia.

Por eso: Invocamos a todos los Ancestros, desde la Antigüedad más Sagrada, hasta nuestros mártires, que ya heredaron la Tierra Nuestra. Demandamos Su presencia en esta hora decisiva; porque todos los siglos son ahora.

¡Jawilla! ¡Jawilla”. Nina Achachila, Awicha Inal Mana, PachaMama, PachaTata, que nuestra pueblo reciba la unción de la qamasa y la ch’ama de nuestros Abuelos y Abuelas. Nosotros somos la única razón de la existencia de Ustedes. Si el pueblo perece, perecerá la memoria Suya y la historia nuestra, perecerán nuestros muertos y nuestra semillas. ¡Restituyan el ajayu del pueblo! ¡Jallalla Boliviamanta!

La Paz, Chuquiago Marka, Bolivia, 13 de agosto de 2020

Rafael Bautista S.

autor de: “El tablero del siglo XXI: geopolítica des-colonial de un nuevo orden post-occidental”, yo soy si Tú eres ediciones, 2019 dirige “el taller de la descolonización”

rafaelcorso@yahoo.com

Resistencia Juvenil Cochala: monos con navajas en una bomba de tiempo

Resistencia Juvenil Cochala: monos con navajas en una bomba de tiempo

Fuente: MUY WASO

Presumen tener más de cinco mil motoqueros en sus filas, listos para el enfrentamiento contra machos igual de patriarcales y desaforados. ¿Qué sucede cuando un grupo de choque se convierte en una célula parapolicial? ¿Qué sucede cuando convierten a un adolescente violento en una voz autorizada? Miedo, violencia y destrucción. 

«No vamos a pelear con estas hijas de puta, pero necesitamos ayuda en Cala Cala», esas son sus órdenes. Pese a que muchos de los audios en los que instruye las acciones de sus «escuadras» se filtraron antes, habla sin desparpajo: está consciente de su impunidad. Ciertos sectores urbanos cochabambinos lo arropan como un hijo predilecto, a pesar de su perfil más bien dado al pandillerismo, como el de muchos de sus colaboradores.

Durante los conflictos postelectorales, los medios de comunicación locales se encargaron de construir una narrativa en la que se reivindicaba y ponderaba su «liderazgo» frente a una organización que revelaba muy temprano su carácter violento, casi delincuencial. Entonces se lo conocía como «Yaz», a secas. Con el tiempo, tomó mayor protagonismo y con sus fuerzas consolidadas como un aparato parapolicial, perdió vergüenza y decidió hacer público su nombre. Lo mismo sucedió con su círculo más cercano.

Fue capaz de memorizar un par de consignas políticas que va hilando con torpeza cada vez que tiene enfrente alguna cámara. Pero su naturaleza lo traiciona. Cada tanto lanza una amenaza, se esfuerza en resaltar su hombría, es incapaz de articular más de cinco palabras sin hablar de su fuerza bruta y su potencial destructivo.

Refleja muy bien el espíritu de un colectivo articulado y movilizado por el odio clasista y racista. Sin embargo, su torpeza no podría ser de ninguna forma el sostén de un grupo irregular cada vez mejor armado, organizado y que, recientemente, presumió tener más de 5 mil motoqueros en sus filas. Quienes lo controlan se divierten soltándole la cadena, pero le reacomodan el bozal cuando comienza a incomodar. Lo cuadran.

Su organigrama es militar, se distribuyen la ciudad zonificándola y consolidando escuadras. Tienen sus «bases» con «municiones» distribuidas en distintos puntos de Cochabamba. Su argot es el de la guerra. En su lógica estamos en medio de un conflicto cuasi bélico. De ahí su peligrosidad. Pero hay más. Coordinan acciones y reciben información de autoridades y fuerzas policiales. Cuanto este tipo de información se filtra, no tienen ningún reparo en confirmarla. Se sienten protegidos.

«No vamos a pelear con estas hijas de puta», dice Yassir Molina, pero segundos después complementa las órdenes: «vamos a tener que ir a la Plaza (14 de Septiembre), alístense todos, con los de la plaza vamos a pelear». Horas después, publicará un video en el que intenta mostrarse conciliador, heroico, noble. Pero su naturaleza lo traiciona otra vez. «Para mí los cobardes y maricas son ustedes», lanza con la homofobia característica del macho violento.

En el mismo video, con un gesto adolescente, llama a sus «enemigos» -a esos machos que desde el otro extremo también intentan demostrar su fuerza y resolver las tensiones sociopolíticas a puños y bala (esos que sí son demonizados por la opinión pública y los medios)- a concertar una pelea: «puño a puño, pecho a pecho».

Un adolescente violento, formado en artes marciales, con adiestramiento militar básico, al frente de una tropa también imberbe, de motoqueros enajenados y con todo tipo de armas (caseras, de fuego, contundentes, cortopunzantes). Monos con navajas en el núcleo mismo de una bomba de tiempo. Ese es el verdadero problema, el verdadero peligro de la Resistencia Juvenil Cochala.

Las «hijas de puta» a las que hace referencia con desdén Molina son diversos grupos de colectivas feministas organizadas para exigir la desarticulación y procesos penales en contra de su célula parapolicial. Son las primeras que se atreven a hacerle frente al peligroso grupo de choque, que cuenta con la venia de los sectores más conservadores de la sociedad cochabambina y boliviana, además de la protección de sus padrinos políticos y económicos.

Sin ningún tipo de horizonte ideológico, los monos con navajas responden únicamente a su olfato, cada vez mejor entrenado: sabuesos de sangre y billetes. Guiños con Jeanine Áñez, fotografías con Arturo Murilloplacas conmemorativas desde el Gobierno transitorio, pero también candidaturas con Creemos (de Luis Fernando Camacho) y «hermandades» con figuras de la Unión Juvenil Cruceñista (UJC). Monos con navajas bailando con el que mejor les sonríe: una bomba de tiempo, incluso para quienes los organizan, entrenan y financian.

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Un adolescente violento, verborrágico e impulsivo como referente de una lucha que insiste en llamarse «democrática», pero que muestra un rostro cada vez más retrógrado, fascista y antipopular.

Si el Movimiento Al Socialismo, las corruptelas de sus cúpulas sindicales y sus alevosos grupos de choque eran antidemocráticos, la consolidación de organizaciones como la RJC y la rearticulación operativa de la UJC, con siniestros personajes como Camacho en un frente y Branko Marinkovic acariciando el poder desde el mismo Palacio, son un directo atentado contra la democracia y las conquistas sociales de las últimas décadas (que no son patrimonio de ningún partido político ni patronato sindical, como quieren hacer ver desde los medios masivos).

En diciembre de 2019, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (un órgano principal de la OEA), en las recomendaciones de su informe preliminar sobre el conflicto postelectoral pidió «desmantelar los grupos armados particulares que han ejercido la violencia contra la población civil en todo el país, del bando que sean». Sin embargo, en los últimos meses lo que se ha visto es el robustecimiento de estas organizaciones parapoliciales, incluso con acciones coordinadas con las fuerzas represivas del Estado, en términos logísticos y organizativos.

Esta dinámica patriarcal de ejercer la fuerza para imponer un ordenamiento social, no hace más que exacerbar un clima de tensión y detona reacciones igual de torpes, machistas y violentas en el otro extremo, ese que fue alimentado por la retórica paternalista y criminal de Raúl García Linera y otras figurillas de ese calibre.

Desde el poder tensan los hilos de sus monigotes para volver a sembrar odio, miedo y violencia. Mientras estemos más polarizados, mientras la construcción del «enemigo» que nos impongan esté más difusa, mejor se acomodan las fichas en su disputa por el trono. Por eso alimentan a los monos con navajas, por eso engordan la bomba de tiempo, porque nos quieren aterrorizadxs.

Para las feministas, queda claro con la manifestación en contra de la RJC, que el miedo dejó de ser una opción.

https://www.facebook.com/articulacionfeministacochabamba/posts/300422348064587